Por resumir brevemente.
El Real Decreto 933/2021, que obliga a alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos a registrar y almacenar una gran cantidad de datos personales de sus clientes durante tres años, ya es una realidad en España desde el pasado 2 de diciembre de 2024.
Lo que comenzó como una medida para reforzar la seguridad ciudadana ha provocado una oleada de críticas y desafíos inesperados en su implementación.
En este artículo te analizo los detalles más recientes sobre el Registro del Viajero.
Desde su puesta en marcha y los primeros resultados hasta los problemas técnicos, críticas del sector y los posibles riesgos éticos y legales que han surgido.
1. Primeros datos de implementación: una avalancha de registros
Durante la primera semana de vigencia del Real Decreto, la plataforma oficial Ses.Hospedajes acumuló más de 1.398.249 registros coincidiendo con el Puente de la Constitución.
Esta cifra deja claro el alcance de la medida y el esfuerzo burocrático que implica.
En cuanto a los establecimientos registrados, los datos son igual de impactantes:
• 112.044 alojamientos se dieron de alta en el sistema.
• 39.166 apartamentos turísticos.
• 30.465 viviendas de uso turístico.
• 6.529 hoteles.
• 6.465 casas rurales.
Estas cifras reflejan una enorme cantidad de negocios afectados, especialmente del sector turístico, que ahora deben adaptarse a las nuevas exigencias de almacenamiento y comunicación de datos.
Así lo destaca el periódico ElPaís.
2. El sector turístico: una industria en pie de guerra
Las asociaciones de empresarios del sector turístico han alzado la voz contra esta medida, denunciando una serie de problemas que amenazan su operatividad.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha manifestado:
• Falta de comunicación clara por parte del Gobierno.
• Sobrecarga burocrática que puede afectar la experiencia de los clientes.
• Costes adicionales en personal y sistemas informáticos para cumplir con la normativa.
Los empresarios temen que estas complicaciones puedan disminuir la competitividad del sector turístico español frente a otros países.
Los alojamiento deben aportar hasta 42 datos acerca de las reservas.
42 datos que deben ser almacenados durante 3 años…
Así lo relata Idealista.
3. Opiniones públicas: ¿una amenaza a la privacidad?
Esta parte creo que la mencioné en el anterior post también, pero me parece importante.
Figuras públicas y escritores, como Arturo Pérez-Reverte, han criticado abiertamente el Real Decreto, señalando que no se trata de una cuestión de política partidista, sino de una amenaza directa a los derechos fundamentales:
“Esto no se trata de PSOE ni PP, sino de un derecho básico que nos quieren quitar. Hoy aceptamos esto, y mañana habrá más control sobre nuestras vidas.”
Este tipo de críticas refleja una preocupación social más amplia y que todos deberíamos pararnos a pensar:
¿Dónde está el límite entre seguridad y privacidad?
Al final el ministro del Interior Grande Marlaska y sus sicarios se salieron con la suya. Pero no se trata de Pesoe ni de Pepé, sino de otra vuelta de tuerca en la desvergonzada violación de la privacidad, cada vez más intensa, a que nos vemos sometidos. https://t.co/ImCCPOlvEA
— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 2, 2024
4. Medidas de seguridad insuficientes: riesgos de hackeos
La obligación de almacenar durante tres años datos personales como DNI, nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos aumenta el riesgo de ciberataques.
Muchos pequeños negocios no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para proteger esta información.
Una parte muy extensa del tejido empresarial del país no se ha molestado, mínimamente, en prepararse y equiparse en términos de ciberseguridad.
Ahora que la normativa exige ciertos términos es cuando empiezan a ver las orejas al lobo.
Ahora es cuando empiezan a hacerse preguntas: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hasta Cuándo?
Aunque se que lo mencioné en el anterior post, lo vuelvo a recordar aquí, es MUY IMPORTANTE.
Consecuencias potenciales de una brecha de seguridad:
• Robo de identidad: Fraudes financieros utilizando datos robados.
• Filtración masiva de datos: Exposición pública de información privada.
• Daño a la reputación: Desconfianza de los clientes hacia los establecimientos.
Especialistas como el informático forense Bruno Pérez Juncà, mediante una aparición en un programa de tv, recomiendan a los viajeros entregar copias con marcas de agua en lugar de documentos originales para proteger su identidad.
También hay que prestar atención a otro tipo de detalles «offline», como puedan ser dar los datos a viva voz.
Nunca sabes quién puede estar escuchando.
5. Problemas técnicos: una plataforma que no convence
Durante los primeros días de aplicación, la plataforma Ses.Hospedajes presentó fallos técnicos que impidieron a muchos establecimientos cumplir con la normativa a tiempo.
Estos errores generaron confusión, frustración y retrasos en el registro de datos.
Los problemas técnicos plantean una cuestión clave: ¿cómo puede una medida tan exigente funcionar sin una infraestructura digital sólida?
No es la primera vez que el Ministerio de Interior realiza una ley o decreto con pies de barro.
Aprovecho para recordar el RD que ha entrado en vigor este verano y obliga a registrar los drones en una plataforma que aún no existe y no estará disponible hasta 2025.
6. Impacto internacional: preocupación entre los turistas extranjeros
Medios británicos han advertido que esta normativa podría complicar las vacaciones en España.
La recopilación de datos y las posibles sanciones a los establecimientos que no cumplan con el registro han generado incertidumbre entre los turistas del Reino Unido.
¿Podría esta medida afectar negativamente al turismo internacional en España?
Para y piensa: Entre viajar a un país donde te van a preguntar hasta la marca de agua que te gusta y otro donde simplemente entras, ¿a cuál viajarías?
Es una exageración, vale, pero viendo esto, tiempo al tiempo…
7. Sanciones severas: multas de hasta 30.000 euros
El incumplimiento del Real Decreto no es una opción barata.
Las sanciones pueden ir desde los 100 euros en el caso de faltas leves hasta los 30.000 euros en el caso de infracciones graves.
Esta presión económica añade una capa más de estrés a los negocios turísticos ya golpeados por las exigencias de la normativa.
En otras palabras, les va a tocar gastarse los euros en sistemas de ciberseguridad y mejoras de madurez TIC o en multas.
Son buenos tiempos para tener un alojamiento en España.
Conclusión: un equilibrio necesario entre seguridad y privacidad
El Registro del Viajero representa una medida polémica que, aunque busca reforzar la seguridad (y el control), plantea serias dudas sobre la privacidad, la operatividad del sector turístico y el riesgo de vulneraciones de datos.
La falta de comunicación clara, los fallos técnicos y las críticas de expertos y figuras públicas resaltan una necesidad urgente: buscar un equilibrio entre garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales.
¿Es esta la solución correcta, o estamos sacrificando nuestra privacidad en nombre de una seguridad incierta?
El debate sigue abierto, y el tiempo dirá si esta medida es sostenible o necesita una urgente revisión.
Mientras tanto, si vas a viajar por España, opta por tener amigos allá donde vayas y que te presten una habitación y un coche.
